Tuesday, 6 March 2012

Reflexión sobre los créditos educativos y el mercado de trabajo en México

Recientemente el Gobierno Federal lanzó el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, un esquema complementario para aquellos que buscan tener estudios universitarios.

El objetivo es que aquellos que tengan deseos de iniciar sus estudios en instituciones de educación superior privadas tengan la oportunidad de hacerlo. Este programa de garantías cuenta con 2,500 millones de pesos, el crédito es de hasta 215,000 pesos para licenciatura y de 280,000 pesos para posgrado, con un plazo de hasta 15 años y medio para pagar con una tasa de interés fija de 10% anual. Del monto total del préstamo, el gobierno aporta 80% y una institución financiera aporta el resto.

Los recursos de este programa provienen de Hacienda (10%), de las universidades (15%), de los bancos (20%) y de Nacional Financiera (55%). Los bancos otorgan el crédito y Nafin garantiza los financiamientos.

Si no entendí mal, el objetivo general de este programa es “democratizar” la educación superior, es decir, que más personas tengan acceso a estudios superiores, sin embargo, al ser éste un esquema complementario, lo convierte en un programa de difícil acceso para aquellas personas con ingresos bajos, me refiero a la mayoría de la población que se encuentra clasificada como en pobreza y pobreza extrema, de entrada, esto se vuelve un problema puesto que no hay una verdadera democratización de la educación superior, sino que se destinan recursos a aquellos que tienen un nivel económico que les permita solventar la parte complementaria de dicho financiamiento.

Entiendo que democratizar la educación sea una prioridad para el gobierno ya que la matricula de personas en educación superior (según datos del Banco Mundial) es menor al 30% en nuestro país y en países como Estados Unidos o en Europa dicho porcentaje es superior al 70% sin embargo, este tipo de políticas se deben complementar con reformas en el mercado laboral ya que de otra manera, en el mediano y largo plazo, se generaría un exceso de oferta laboral, lo que ocasionaría que muchos de estos egresados tengan diversos destinos, como la fuga de cerebros, la migración hacia EEUU o que se incorporen a la informalidad; un sector que se ha venido incrementando en nuestro país con el tiempo, de acuerdo con el INEGI, para el cuarto trimestre de 2011, catorce millones de personas que representan al 29.2% de la población ocupada, se encuentran en la informalidad, lo que representa un incremento de 1.6 millones respecto de mismo periodo del 2010. Esto quiere decir que la tan sonada promesa del presidente de la república de crear empleos se cumplió, sólo que no especificó que tales empleos serían en la informalidad.

Actualmente existe la Ley del primer empleo, con dicha Ley se le conceden privilegios fiscales a las grandes empresas para que contraten a egresados sin experiencia en áreas que les permitan desarrollarse profesionalmente, este es un paso, sin embargo, resulta una Ley muy escueta, se necesita profundizar más sobre este tema y ampliar los alcances de dicha Ley para que se conjunte con las políticas de financiamiento y que permitan no sólo que los jóvenes accedan a educación superior, sino que tengan un empleo donde se les remunere de acuerdo a sus capacidades.